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27 de Enero de 2017

“Se propone incorporar en la Constitución el derecho a la participación y ampliar las formas de la misma, a través de mecanismos de democracia participativa”. Columna de Gonzalo Delamaza

Después de un año justo de trabajo, ha entregado su informe a la Presidenta de la República y al país, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Encargado de mostrar un panorama completo de la situación de la participación en Chile y proponer reformas legales, el documento sintetiza las opiniones de muchas personas a lo largo de las 15 regiones de Chile, particularmente de quienes se han comprometido durante años en la promoción y desarrollo de acciones participativas en ámbitos como voluntariado, defensa de los derechos humanos, acción vecinal, en favor de la discapacidad, entre muchos otros.

Pero no es solo una opinión, sino una propuesta viable. Contiene algunas de las respuestas a problemas detectados y más de una vez diagnosticados de nuestra democracia: distanciamiento entre ciudadanos e instituciones democráticas, falta de estímulo a la organización social, canales limitados para la expresión ciudadana, desigualdades inaceptables a la hora de influir en la toma de decisiones que nos afectan. Frente a ellos la sociedad chilena reclama cambios en el ejercicio democrático y una parte importante de esos cambios se relaciona con la demanda por mayor y mejor participación, por un involucramiento más directo en los asuntos públicos, aquellos que nos competen a todos y en los que, normalmente sin embargo, no podemos influir.

Se basa el Informe en el enfoque de los derechos humanos como fundamento de nuestra convivencia democrática y en los acuerdos específicos que Chile ha suscrito con la comunidad internacional. Se propone incorporar en la Constitución el derecho a la participación y ampliar las formas de la misma, a través de mecanismos de democracia participativa: iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios de mandato y de proyectos de ley y el llamado voto programático, para que no existan más candidaturas sin contenido claro para sus electores. Todas ellas son instituciones que existen en diversos países del mundo y que han mostrado buenos resultados de ampliación de la participación y canalización de la iniciativa ciudadana. Coincide en ello con la sistematización de los diálogos en torno al proceso constituyente, que también se acaba de entregar. El documento indica que la ciudadanía otorgó un importante privilegio y priorización a este tipo de instituciones democráticas inexistentes hasta hoy en el país.

En lo relativo a la Ley 20.500, de Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada en 2011, proponer fortalecer sus principios y definiciones; crear por ley la figura del Consejo Nacional de Participación, de composición mixta y autonomía del gobierno, que promueva estas orientaciones y vele por su cumplimiento, con amplia presencia de la sociedad civil.  También se propone crear una Subsecretaría de Participación Ciudadana, responsable por la implementación de la política correspondiente por parte del ejecutivo.

El Informe realiza diversas propuestas en el ámbito de la gestión pública, todos tendientes al mismo fin: fortalecer y coordinar los mecanismos existentes; dotarlos de mayores atribuciones para darle sentido a participar en ellos, al vincularlos a las decisiones públicas; dotarlos de financiamiento y capacidad de gestión autónoma. Abarcando el nivel central, regional y comunal con un enfoque común. Igualmente se propone establecer mecanismos de sanción para el incumplimiento de la ley, que hoy no tiene y la debilita. Favorecer el voluntariado, fortalecer el registro existente se incluyen también como propuestas.

Para fortalecer a la sociedad civil organizada se proponen modificar los sistemas de financiamiento, que incluyen la Ley de Donaciones Sociales. Transparentar, articular e incrementar los recursos, así como superar el mecanismo exclusivo de los concursos de proyectos como vía de financiamiento son las orientaciones principales. También se plantea construir un sistema nacional regionalizado y permanente de formación, para dirigentes y líderes sociales como también para las funcionarias y funcionarios públicos que deben trabajar en estas materias.

Se propone al ejecutivo que durante 2017 elabore y presente al Congreso proyectos de reforma de ley 20.500 y de la ley 19.418 de Organizaciones Comunitarias, así como elaborar participativamente tres políticas públicas: de voluntariado, de fortalecimiento de la sociedad civil y de participación ciudadana. También modificar el reglamento de Federaciones y Confederaciones, promulgar una norma modelo de participación para los organismos públicos y promover la dictación de reglamentos de participación en los gobiernos regionales. Empoderar con los recursos actuales a la Subsecretaría General de Gobierno en materia de participación, mientras no existan recursos para una nueva repartición especializada.

Hasta el momento las elites políticas no han abordado la participación ciudadana como una oportunidad para enfrentar la evidente crisis que afecta a nuestro sistema representativo. Tanto la sistematización de los diálogos del proceso constituyente como el Informe que aquí comentamos entregan respaldo y herramientas concretas para avanzar en una tarea urgente y aún pendiente de la democracia chilena. Habrá que estimular el debate abierto sobre estos temas durante este año electoral, abriendo opciones para una participación efectiva y permanente que traerá evidentes beneficios para todos.